España incumplirá la ley que sitúa la temporalidad del sector público en el 8%

La norma obliga a que los miles de empleados públicos que trabajan para la Administración con un contrato temporal deberán hacerlo de forma indefinida, o dejar de prestar sus servicios en el Estado a final de año. Así se recoge en la norma comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión, en la que se fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas el próximo 1 de enero. Hoy esta tasa apenas cede, sigue estancada en el entorno del 30% (29% en julio), lo que se traduce en que la plantilla eventual debería mermar a final de ejercicio en más de 20 puntos, en unos 800.000 trabajadores.

Pese al mandato legal y vistos los resultados, los procesos de estabilización en marcha desde 2021 no parece que vayan al ritmo deseado, lo que ha encendido la luz roja entre los funcionarios. CSIF, el sindicato mayoritario, muestra a ABC su preocupación por la elevada precariedad de la plantilla y duda de que a final de año el Gobierno sea capaz de cumplir con las exigencias legales pactadas con Bruselas. La lentitud de las oposiciones no permite dar el frenazo necesario para reducir las interinidades, que afectan sobre todo a los sectores educativo y sanitario.

Como ya informó ABC, los funcionarios reclaman que se endurezcan las medidas contra las administraciones que no cumplan y ya han avisado que denunciarán a aquellas que abusen de la temporalidad. Los últimos datos de la estadística del INE reflejan que la presencia de interinos es muy distinta en las administraciones, si bien la más elevada está en los ayuntamientos, donde se registra una tasa del 34,26%. A poca distancia están las comunidades autónomas, con una tasa del 33,21% y a larga distancia está la Administración central y de la Seguridad Social con un 11,38%, si bien las empresas públicas registran un 14,81%. La tasa media de temporalidad en España está en el 29%, el doble que en el sector privado. Los límites que impuso la reforma laboral de 2022 a la contratación eventual y el fomento de los contratos fijos discontinuos han forzado la rebaja.

CSIF lleva meses quejándose de la escasa información con la que cuentan sobre los procesos de estabilización de las plantillas que están en marcha y ha reclamado al nuevo ministro de Función Pública, Óscar López, que ponga fin a la tasa de reposición. Sostienen que esta medida es fundamental para acabar con la temporalidad, para que se pueda contratar por encima de las jubilaciones y evitar que se sigan contratando interinos. Suprimir esta tasa fue un compromiso anunciado por José Luis Escrivá, que ha quedado colgado tras su marcha al Banco de España.

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La evolución de la tamporalidad en la Admistración ha sido al alza en los últimos años. Cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió una cruzada contra la temporalidad en el empleo. Este fue el espíritu también de la reforma laboral que entró en vigor hace ya más de dos años, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras el sector público seguía engordando tanto el número de interinos como el personal laboral, hasta el punto de que casi 1,1 millones de trabajadores prestan hoy servicio al Estado sin puesto fijo y encadenando contratos eventuales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.

La Justicia Europea ha dado ya varios avisos a España sobre las elevadas tasas de temporalidad que hay en el sector público. El último fue el pasado febrero, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) propinó un duro varapalo a nuestro país, al considerar que el Estado está aplicando mal el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el largo caso de los interinos. En sus conclusiones, el alto tribunal de Luxemburgo, respondiendo a preguntas prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, denunció el abuso con las firmas de temporales en la Administración y afeó la inacción del Gobierno para adaptar el sistema laboral público a la normativa europea. Y ante esta situación, instó a España a convertir los interinos de larga duración en indefinidos fijos. Esto implica conceder la fijeza por la que los interinos llevan años peleando y que los distintos gobiernos y tribunales españoles no han concedido.

Una sentencia del Supremo del pasado abril, que no es clave para resolver el caso, apreciaba que los interinos no podrán alcanzar el estatus de trabajadores fijos a golpe de sentencia judicial. El argumento era un comentario incluido en los fundamentos jurídicos que no supone un pronunciamiento sobre el fallo de la justicia europea, pero, de nuevo, saltó la polémica.

El alto tribunal se ha dirigido de nuevo a Luxemburgo para que aclare si está obligando o no a los jueces españoles a hacer fijos a los interinos de larga duración pasando por encima de los procedimientos habituales para adjudicar estas plazas. Una vez que el Supremo dicte una sentencia que siga los pasos que ha marcado la Justicia europea, los distintos juzgados españoles podrán unificar sus pronunciamientos, ahora dispares.

Jueces de todo el país han dictado resoluciones contradictorias sobre cómo aplicar la sentencia europea para frenar situaciones de abuso de la temporalidad en las administraciones, que distingue claramente a España de nuestros socios y del sector privado, que registra una tasa de temporalidad récord del 11,27%, según los últimos datos de la EPA.